3 de agosto de 2011
Educación de calidad para todos: una exigencia democrática
M. BASAURE, G. BUSTAMANTE Y A. MASCAREÑO
Mauro Basaure es profesor IDH-UDP, Gonzalo Bustamante es profesor Escuela de Gobierno-UAI y Aldo Mascareño es profesor Escuela de Gobierno-UAI
Los logros del movimiento estudiantil y los avances anunciados por el Ministro Bulnes, no deben ser medidos exclusivamente por su impacto sobre las posibilidades futuras de desarrollo económico-social de nuestra sociedad sino que de modo principal por su efecto sobre nuestra vida política y la distribución de derechos iguales para todos.
Hay muy buenas razones, históricas y formales, para pensar que el mercado por si solo no puede proveer un nivel adecuado de educación para todos y que ello debe ser asegurado por las familias pero también por el Estado. Hay quienes, sin embargo, siguen justificando la injerencia del mercado en la educación recurriendo al viejo argumento de la libertad de elección. Ese argumento ignora cuestiones fundamentales y debe ser revisado. El mencionado argumento da por sentadas las capacidades y las preferencias de los agentes en el mercado, no considera el hecho de que nadie ha nacido con capacidades para discernir entre opciones, para actuar de modo adecuado y justo en contextos altamente complejos; ignora que tales capacidades han debido ser formadas y que la amplitud y la calidad de ellas depende de la disposición de varios recursos, entre ellos el de una educación de calidad. Ese argumento obvia que tal injerencia puede, de hecho, restringir el rango de opciones abiertas a quienes se encuentran peor posicionados en la vida social. Esto, sin embargo, sólo es visible si se asume que únicamente asegurando las condiciones para la producción de ciertas capacidades subjetivas es posible habilitar a los sujetos para adoptar informadamente las mejores opciones para ellos, tanto dentro como fuera del mercado.
El mercado en educación no puede ser evaluado únicamente desde el punto de vista interno de su eficiencia o desde las externalidades positivas en términos de crecimiento y productividad, de capital humano si se quiere. La educación tiene repercusiones políticas, sociales y culturales, que no tienen otros ámbitos. Por eso, la justificación de una fuerte regulación de la injerencia del mercado en educación se justifica en base a dichas consecuencias, es decir, en base a argumentos ajenos al mercado. Un mercado de la educación, incluso si fuese eficiente o “perfecto”, es problemático pues sus consecuencias son contrarias a la realización de las propias libertades liberales y contribuyen a socavar las condiciones de una sociedad democrática. Para la sorpresa de muchos, no es sólo la pluma de autores contemporáneos, como Debra Satz y Axel Honneth o, más tempranamente, de Thomas Marshall, sino que la del propio Adam Smith, la que avala esta perspectiva.
Efectivamente, para concretar nuestra libertad se requiere de muchos recursos —entre ellos la educación—, los que sólo pueden alcanzarse mediante la cooperación y un gran esfuerzo social. Asegurar las condiciones para una igualdad de estatus de los ciudadanos de una democracia es una tarea mucho más exigente que la de asegurar que las personas actúen horizontalmente en relaciones de compra y venta. La educación tiene una profunda influencia sobre nosotros y sobre nuestras relaciones sociales. Tiene efectos importantes sobre quiénes llegamos a ser, sobre qué nos interesa o preocupa y qué no, sobre nuestras capacidades para constituirnos como sujetos informados e independientes, para auto-concebirnos como iguales frente a los otros, mantener relaciones simétricas frente a ellos y para conocer, exigir y defender derechos, entender y asumir responsablemente los términos de cualquier contrato, entre otras cosas. La educación es determinante para la participación y la inclusión en las instituciones básicas de una sociedad democrática y, siendo así — i ella es efectivamente un recurso necesario para que los ciudadanos puedan entenderse como iguales—, entonces, el acceso a una educación de calidad para todos debe ser asegurado como un derecho inapelable.
La desigualdad de acceso y de calidad en educación amenaza la posibilidad de una sociedad democrática, pues socava las condiciones para producir sujetos capaces de entenderse como miembros libres e iguales de una comunidad política. La desigualdad de acceso y calidad en educación infringe condiciones que permiten la producción de sujetos pasivos, que aceptan acríticamente las injusticias del status quo o que se avergüenzan de sí mismos al entrar en el mundo público, como dijo también Adam Smith. Se imponen así diferencias sobre la vida futura de las personas y condena a la mayoría a ocupar permanentemente las posiciones más bajas de la sociedad, reproduciendo, con ello una forma moderna de castas sociales intergeneracionales.
Es bajo esta perspectiva, que acentúa los efectos negativos de la mercantilización de la educación para la construcción de una sociedad democrática, que cabe justificar la limitación y el fuerte control de la injerencia del mercado en la educación. Afirmar esto no significa que la educación no pueda ser, en parte, provista por el mercado, pero sí que ella debe ser asegurada y provista por mecanismos no mercantiles. El derecho igualitario a la educación debe ser garantizado, lo que no significa la anulación de escuelas y universidades privadas, sino situar sobre ello un principio de acceso a una educación de calidad para todos. Una educación de igual calidad distribuida de modo igualitario es en interés de toda sociedad que se pretenda verdaderamente democrática. Una sociedad tal, sólo es posible si ella es capaz, primero, de producir personas capaces de participar en discusiones públicas y de actuar autónomamente como ciudadanos iguales y, segundo, de poseer líderes y representantes provenientes de todas las condiciones sociales y culturales.
La conclusión es que sólo una sociedad que se acomode al hecho de producir a un gran número de sus miembros como seres pasivos, incapaces de reconocer, ejercer y demandar sus libertades y derechos, puede ignorar la tarea de una educación igualitaria en acceso y en calidad. Una sociedad así, sin embargo, ya no puede ser llamada democrática.
